Los casos de Juanita Mendoza y Eyvi Ágreda ponen en evidencia, una vez más, la crueldad y ferocidad con la que los agresores atacan a las mujeres, en el país. La lista de feminicidios y tentativas de feminicidios están demostrando el uso de violencia extrema para destruir a las víctimas.
Un estudio elaborado por la Defensoría del Pueblo entre el 2017 y lo que va del año, revela que se produjeron cuatro feminicidios por quemaduras en Arequipa, en Lima, dos, y en San Martín, Áncash, La Libertad, Cusco y Puno, se registró un caso en cada región.
En cambio, se registraron seis casos de tentativas:
dos en Lima y el resto en San Martín, Áncash, Tacna, Cusco, Puno. Las
víctimas sobrevivieron, pero con secuelas físicas y psicológicas que las
marcarán de por vida.
En total, 17 mujeres fueron atacadas cruelmente con combustible para dañarlas severamente. 11 de ellas murieron.
Este mismo documento identificó nueve ataques brutales contra mujeres en estado de gestación. Algunos de ellos con la finalidad de interrumpir el embarazo, que terminaron con la muerte de las víctimas.
En Lima, La Libertad y Lambayeque se registró un caso en cada región. En otros seis casos las gestantes lograron sobrevivir.
La
psiquiatra Martha Rondón sostiene que un factor que diferencia los
feminicidios de otro tipo de homicidios es el uso de violencia extrema
para producir la muerte.
“El feminicidio,
como ataque basado en las emociones tiene como objetivo destruir.
Constituye una expresión de la cultura patriarcal, por lo tanto, el
cambio cultural en busca de la construcción de una sociedad igualitaria
es de la máxima prioridad”, sostiene la especialista.
Gravedad que aumenta
Para
el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, estos casos son una muestra
de la gravedad de la violencia contra las mujeres en el Perú. Tan solo
entre enero y mayo del presente año, se han registrado 66 casos de feminicidio que representa un incremento de 41% si se compara la cifra registrada el año pasado durante el mismo periodo.
Gutiérrez invocó a las autoridades a trabajar oportunamente para frenar el avance de la violencia contra las mujeres.
“La Defensoría del Pueblo supervisa el rol preventivo y de respuesta a
la violencia que debe cumplir el Estado, especialmente la calidad de la
atención en los Centros Emergencia Mujer (CEM).
Pero existe un retraso en la transferencia presupuestal autorizada que
afecta el cumplimiento de este mandato constitucional, y es un obstáculo
para implementar las acciones planificadas.”