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EJECUTIVO PROMULGÓ NORMA QUE FACULTA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES A INVERTIR EN MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA PNP

 
 
La inseguridad ciudadana se enfrenta en conjunto. En ese sentido, dichas instancias podrán realizar gastos que contribuyan al cierre de brechas en la institución policial.


Los gobiernos regionales y locales podrán efectuar inversiones destinadas a mejorar la capacidad operativa de los servicios policiales, la investigación, la criminalística, la formación y la salud policial, además de fortalecer la operatividad Policía Nacional del Perú (PNP) en las unidades de flagrancia.

Esto será posible en virtud a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1571 que modifica la Ley N° 29611, Ley que faculta a los gobiernos regionales y locales a disponer recursos a favor de la PNP.

Dicho decreto fue publicado este miércoles en el Diario Oficial El Peruano y se emitió en el marco de la Ley N° 31880 que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por 90 días en materias de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres-Niño Global, infraestructura social, calidad de proyectos y meritocracia.

La norma fue promovida por el Poder Ejecutivo, luego de advertir que los gastos de inversión solo podían ser realizados en materia de “seguridad ciudadana, infraestructura y equipamiento policial”; y considerando la expresión de interés de diversos gobiernos regionales y locales para invertir en otras necesidades del servicio policial. Destaca la disposición de destinar recursos a la Policía Nacional por parte de los gobiernos regionales de La Libertad, Ica, Callao, Ucayali y Cusco.

En ese sentido, se amplían las áreas en las que pueden invertir los gobiernos regionales y locales a favor de la institución policial, específicamente en materias que reforzarán la capacidad su operativa y la lucha contra la delincuencia.

Con ello, se fortalece el enfoque multisectorial e intergubernamental de la seguridad ciudadana, así como su abordaje a través de un trabajo conjunto.

Dicha norma se enmarca en la Política General de Gobierno, la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030 y el eje de gestión del Ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, orientado a mejorar la articulación con los gobernadores regionales y autoridades municipales del país.